dedos negros

INTERVENCIONES MICROSCOPICAS

2011-02-08T22:15:00.000-08:00

MANDADO

2011-02-08T22:00:00.000-08:00

ESTETICAS

2011-02-05T22:44:00.000-08:00

PLANTÓN

2010-01-30T18:55:00.001-08:00

ESTENOPIEDRA

2009-04-26T13:57:00.000-07:00

Experiencia de Taller de fotografía con cámara oscura o estenopéica en la comunidad de Valle la Piedra, Chiguayante. Chile

ROTATIVO

2009-01-28T18:42:00.000-08:00

sexta entrega gráficas de prueba - pruebas gráficas

2008-12-28T19:47:00.000-08:00

MESA 8

2008-11-09T19:24:00.000-08:00

quinta entrega gráficas de prueba pruebas gráficas

2008-11-08T20:26:00.000-08:00

discoteca del cantar popular

2008-09-19T14:12:00.001-07:00

cuarta entrega graficas de prueba pruebas graficas

2008-09-19T14:12:00.000-07:00

si tienes impresora a color imprime este original múltiple, que es lo mismo que una copia gratis

artenlinea

2008-06-26T19:11:00.000-07:00

2008-06-26T19:09:00.000-07:00

LEY N° 17.336 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

2008-06-24T15:25:00.001-07:00

2008-03-22T22:10:00.001-07:00

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE EDUCACION

LEY NUM. 19.938
MODIFICA LA LEY Nº 18.962, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, PARA PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Intercálase, en el inciso final del artículo 2º de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, antes de la palabra "estimular", lo siguiente: "promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, fomentar la paz,".".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 30 de enero de 2004.- JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS, Vicepresidente de la República.- Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, María Ariadna Hornkohl Venegas, Subsecretaria de Educación.

Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para promover los derechos humanos

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control respecto de su artículo único, y por sentencia de 21 de enero de 2004, dictada en los autos Rol Nº 402, declaró que es constitucional.
Santiago, enero 23 de 2004.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.

2008-03-22T22:08:00.001-07:00

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSECRETARIA DE EDUCACION

LEY NUM. 19.981
SOBRE FOMENTO AUDIOVISUAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1º.- El Estado de Chile apoya, promueve y fomenta la creación y producción audiovisual, así como la difusión y la conservación de las obras audiovisuales como patrimonio de la Nación, para la preservación de la identidad nacional y el desarrollo de la cultura y la educación.

Artículo 2º.- La presente ley tiene por objetivo el desarrollo, fomento, difusión, protección y preservación de las obras audiovisuales nacionales y de la industria audiovisual, así como la investigación y el desarrollo de nuevos lenguajes audiovisuales.
Las normas de esta ley no serán aplicables a aquellos productos y procesos audiovisuales cuyo contenido o particular tratamiento sirvan a objetivos publicitarios.

Artículo 3º.- Para efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización, incorporadas, fijadas o grabadas en cualquier soporte, que esté destinada a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación o de difusión de la imagen y del sonido, se comercialice o no;
b) Producción audiovisual: El conjunto sistematizado de aportes creativos y de actividades intelectuales, técnicas y económicas conducentes a la elaboración de una obra audiovisual;
La producción reconoce las etapas de investigación, preproducción o desarrollo de proyectos, de rodaje y de posproducción, así como las actividades de promoción y distribución a cargo del productor;
c) Obra audiovisual de producción nacional: Las obras producidas para su exhibición o su explotación comercial por productores o empresas audiovisuales de nacionalidad chilena, como las realizadas en régimen de coproducción con empresas extranjeras, en el marco de acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales de coproducción suscritos por el Estado de Chile, y a lo dispuesto por el reglamento de la presente ley;
d) Obra audiovisual de coproducción internacional: Las realizadas en cualquier medio y formato, de cualquier duración, por dos o más productores de dos o más países, en base a un contrato de coproducción estipulado al efecto entre las empresas co-productoras y debidamente registrado ante las autoridades competentes de cada país;
e) Obra audiovisual publicitaria: Toda obra, cualquiera sea su duración, formato o género, destinada principalmente a fomentar la venta, prestación de bienes o servicios;
f) Productor audiovisual: La persona natural o jurídica o la empresa que asume la responsabilidad de los recursos jurídicos, financieros, técnicos, materiales y humanos, que permiten la realización de la obra audiovisual, y que es titular de los derechos de propiedad intelectual de esa producción particular;
g) Director o realizador: El autor de la realización y responsable creativo de la obra audiovisual;
h) Exhibidor audiovisual: La empresa o persona natural o jurídica cuyo giro comprenda la exhibición pública de obras audiovisuales, utilizando cualquier medio o sistema;
i) Distribuidor audiovisual: La empresa o persona natural o jurídica que posee a cualquier título los derechos de distribución de una obra audiovisual, y que los comercializa por intermedio de cualquier exhibidor;
j) Tipo de producción: Largometraje, mediometraje y cortometraje, así como vídeo, multimedia y otros similares o equivalentes, sin distinción de género, sea cual fuere el soporte que las registra y el medio que las exhiba, y
k) Actor o actriz: Toda persona natural que interpreta un personaje de acuerdo a un guión establecido y bajo la orientación del director o realizador.

Capítulo II
Del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual

Artículo 4º.- Créase, en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, en adelante el Consejo.

Artículo 5º.- El Consejo se reunirá periódicamente, y estará integrado por:
a) El Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, o su representante, quien lo presidirá;
b) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;
c) Un representante del Ministerio de Educación, que ejerza sus funciones en una Región distinta de la Metropolitana;
d) Un representante de la Corporación de Fomento de la Producción;
e) Un representante del Consejo Nacional de Televisión;
f) Un representante de los directores de largometraje de ficción, designado por la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe, en la forma que determine el reglamento, el cual será nombrado mediante resolución firmada por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
g) Un representante de los directores de otros formatos audiovisuales, designado por la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe, en la forma que determine el reglamento, el cual será nombrado mediante resolución firmada por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
h) Un representante de los directores y productores de documentales, designado por la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe, en la forma que determine el reglamento, el cual será nombrado mediante resolución firmada por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
i) Un representante de los productores de audiovisuales, designado por la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe, en la forma que determine el reglamento, el cual será nombrado mediante resolución firmada por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
j) Un representante de los actores o actrices de audiovisuales, designado por la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe, en la forma que determine el reglamento, el cual será nombrado mediante resolución firmada por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
k) Un representante de los técnicos de la producción audiovisual, designado por la entidad de carácter nacional más representativa que los agrupe, en la forma que determine el reglamento, el cual será nombrado mediante resolución firmada por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
l) Tres representantes de la actividad audiovisual regional, los que deberán desarrollarla y residir en Regiones distintas a la Metropolitana, designados por las organizaciones regionales más representativas, en la forma que determine el reglamento, los cuales serán nombrados mediante resolución firmada por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
m) Un representante de los guionistas, designado por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en la forma que determine el reglamento, y
n) Dos académicos de reconocido prestigio profesional en materias audiovisuales, propuestos por entidades de educación superior que gocen de autonomía y que impartan formación profesional audiovisual, designados por el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, debiendo uno de ellos pertenecer a una entidad de una región distinta a la Metropolitana.
Los integrantes del Consejo señalados en las letras f), g), h), i), j), k), l), m) y n) durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser designados hasta por un nuevo período consecutivo y no percibirán remuneración por el ejercicio de sus funciones.

Artículo 6º.- El Consejo sesionará, a lo menos, tres veces en el año a citación del Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y cada vez que así lo soliciten la mitad de sus miembros.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes será el encargado de ejecutar los acuerdos del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual.

Artículo 7°.- Serán facultades del Consejo, las siguientes:
1) Asesorar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la formulación y elaboración de la política de desarrollo estratégico nacional del audiovisual.
Para tal efecto, el Consejo podrá solicitar información de datos y estadísticas de la actividad audiovisual que realicen tanto personas naturales como jurídicas, públicas o privadas;
2) Definir los procedimientos para la asignación de los recursos públicos especiales para la actividad audiovisual, a través del Fondo de Fomento Audiovisual a que se refiere el artículo 8°, en adelante el Fondo, sin perjuicio de los recursos e instrumentos de fomento y apoyo que destinan a la actividad audiovisual otros organismos públicos;
3) Otorgar, con cargo al Fondo, de conformidad a lo establecido en el reglamento, la entrega de premios anuales a las obras audiovisuales, a los autores, a los artistas, a los técnicos, a los productores, y a las actividades de difusión y de preservación patrimonial de la producción audiovisual nacional;
4) Fomentar, a través de programas y subvenciones, con cargo a los recursos del Fondo, la promoción, la distribución y la exhibición de obras audiovisuales nacionales y de países con los cuales se mantengan acuerdos de coproducción, integración y cooperación;
5) Estimular, a través de becas, pasantías, tutorías y residencias con cargo a los recursos del Fondo, acciones orientadas al desarrollo de la educación artística y profesional audiovisual, al perfeccionamiento docente, a la producción de obras de interés académico, así como al desarrollo de programas de investigación y difusión de las nuevas tendencias creativas y de innovación tecnológica;
6) Proponer, a través de programas y subvenciones, con cargo a los recursos del Fondo, el desarrollo de acciones orientadas a participar y a colaborar en la preservación y difusión del patrimonio audiovisual, así como a fomentar la difusión cultural audiovisual, tales como cine clubes, cine arte y salas culturales audiovisuales, en todo el país, y, especialmente en zonas rurales, populares y localidades de población mediana y pequeña;
7) Proponer medidas de fomento tendientes a desarrollar la producción audiovisual chilena, atendiendo a la especificidad de cada tipo de producción, en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, así como la realización de festivales y muestras cinematográficas;
8) Proponer las modificaciones legales y administrativas necesarias para el desarrollo de la actividad audiovisual; la efectiva protección de los derechos de autor y propiedad intelectual de los productores, directores, actores y demás personas que participen en la creación de una obra audiovisual y la celebración de acuerdos de coproducción, integración y colaboración, así como la homologación de legislaciones con los países o asociación de países con los que se celebren dichos acuerdos;
9) Fomentar, a través de programas y subvenciones, con cargo al Fondo, la promoción de la producción audiovisual nacional, así como su comercialización nacional e internacional;
10) Proponer acciones orientadas al fomento de la formación de talentos, así como a la formación permanente y al perfeccionamiento de profesionales y técnicos de las distintas especialidades audiovisuales, a través de becas, pasantías, tutorías y residencias con cargo al Fondo;
11) Establecer programas y subvenciones, con cargo al Fondo, que promuevan la innovación en las técnicas de creación audiovisual y la experimentación y desarrollo de nuevos lenguajes, formatos y géneros audiovisuales;
12) Colaborar con el Ministerio de Educación en la incorporación del tema audiovisual en la educación formal;
13) Promover medidas para el desarrollo de la producción, la capacitación y la implementación de equipamiento audiovisual en las regiones del país, distintas a la región metropolitana;
14) Mantener con organismos e instituciones gubernamentales de países extranjeros con competencia en materia audiovisual, vínculos permanentes de comunicación e información;
15) Convocar a concursos públicos para el cumplimiento de lo establecido en las letras a), b), c), d), f), k) y l) del artículo 9º y designar a los especialistas que integrarán los comités que evaluarán los proyectos que postulen;
16) Asignar directamente los fondos para el cumplimiento de lo establecido en las letras e), g), h) e i) del artículo 9º, hasta un máximo del 20% del Fondo;
17) Designar a los jurados que discernirán los premios anuales señalados en el numeral 3) de este artículo, y
18) Las demás que le asignen las leyes.

Capítulo III
Del Fondo de Fomento Audiovisual

Artículo 8º.- Créase el Fondo de Fomento Audiovisual, en adelante el Fondo, administrado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, destinado a otorgar ayudas para el financiamiento de proyectos, programas y acciones de fomento de la actividad audiovisual nacional.
El patrimonio del Fondo estará integrado por:
a) Los recursos que para este efecto consulte anualmente la Ley de Presupuesto de la Nación;
b) Los recursos provenientes de la cooperación internacional, y
c) Las donaciones, herencias y legados que reciba. Estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil.

Artículo 9º.- El Fondo, dentro de las condiciones que se establecen en la presente ley y su reglamento, se destinará a:
a) Apoyar la producción y post producción de obras audiovisuales de largometraje, mediante concurso público;
b) Otorgar subvenciones a proyectos audiovisuales, sin distinción de duración, formato y género, contemplando la investigación, la escritura de guiones y la pre-producción, mediante concurso público;
c) Otorgar subvenciones y apoyo a la producción y post producción de mediometrajes, cortometrajes, documentales, animación, vídeos y multimedia, así como a proyectos orientados al desarrollo de nuevos lenguajes, formatos y géneros audiovisuales, mediante concurso público;
d) Apoyar proyectos orientados a la promoción, distribución, difusión y exhibición, en el territorio nacional, de las obras audiovisuales nacionales o realizadas en régimen de coproducción o que forman parte de acuerdos de integración o de cooperación con otros países;
e) Financiar actividades que concurran a mejorar la promoción, difusión, distribución, exhibición y, en general, la comercialización de obras audiovisuales nacionales en el extranjero;
f) Apoyar la formación profesional, mediante el financiamiento de becas, pasantías, tutorías y residencias, convocadas públicamente y asegurando la debida igualdad entre los postulantes, de acuerdo a los criterios que el Consejo determine según los requerimientos de la actividad audiovisual nacional;
g) Financiar programas y proyectos de resguardo del patrimonio audiovisual chileno y universal;
h) Apoyar, mediante subvenciones, el desarrollo de festivales nacionales de obras audiovisuales, que contribuyan a la difusión de las obras nacionales, a la integración de Chile con los países con los cuales se mantengan acuerdos de coproducción, integración y cooperación, y al encuentro de los realizadores nacionales y el medio audiovisual internacional;
i) Apoyar programas para el desarrollo de iniciativas de formación y acción cultural realizadas por las salas de cine arte y los centros culturales, de acuerdo a la normativa que para tal efecto se establezca, que contribuyan a la formación del público y a la difusión de las obras audiovisuales nacionales y de países con los que Chile mantenga acuerdos de coproducción, integración y cooperación;
j) Financiar premios anuales a las obras audiovisuales, a los autores, a los artistas, a los técnicos, a los productores, y a las actividades de difusión y de preservación patrimonial de la producción audiovisual nacional;
k) Financiar planes, programas y proyectos para la producción e implementación de equipamiento para el desarrollo audiovisual, mediante concurso público, debiendo, una proporción de los recursos asignados a tal efecto, según lo determine el Consejo, ser destinados a Regiones distintas de la Metropolitana;
l) Financiar planes, programas y proyectos de investigación y de capacitación, para el desarrollo audiovisual, mediante concurso público, debiendo, una proporción de los recursos asignados a tal efecto, según lo determine el Consejo, ser destinados a Regiones distintas de la Metropolitana, y
m) En general, financiar las actividades que el Consejo defina en el ejercicio de sus facultades.
Las subvenciones de las letras f), g), h), i), k) y l) serán no retornables.
Las subvenciones de las letras a), b), c), d) y e) se reembolsarán al Fondo hasta el 50% de la ayuda, cuando se generen ingresos netos en la comercialización de la producción audiovisual.
Serán considerados ingresos netos aquellos ingresos obtenidos por la producción en su comercialización que superen el monto de los costos de la producción establecidos en el proyecto aprobado.
El reglamento establecerá la oportunidad y modalidad de requerir los antecedentes a los beneficiarios para hacer efectivo el retorno, así como los procedimientos para efectuar los cálculos pertinentes. El reglamento definirá las sanciones aplicables en caso de no cumplimiento adecuado de esta normativa.
Anualmente, el Consejo definirá un porcentaje de óperas primas nacionales a contemplar en los proyectos de producción apoyados en las letras a), b) y c), según requisitos de calidad de los proyectos postulados, así como criterios y programas que propendan al fomento equitativo de la actividad audiovisual en las Regiones del país.

Artículo 10.- Un reglamento suscrito por el Ministro de Educación y el Ministro de Hacienda regulará el Fondo, el que deberá incluir, entre otras normas, los criterios de evaluación; elegibilidad; selección; estructura de financiamiento; viabilidad técnica y financiera; impacto social, artístico y cultural; la forma de selección y designación de los comités de especialistas para la evaluación de los proyectos presentados al Fondo, y los compromisos y garantías de resguardo para el Fisco.
Asimismo, el reglamento determinará las fechas y plazos de convocatoria a concursos, las modalidades de información pública que aseguren un amplio conocimiento de la ciudadanía sobre su realización y resultados, los mecanismos de control y evaluación de la ejecución de las iniciativas, proyectos, actividades y programas que aseguren el correcto empleo de los recursos del Fondo destinados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, así como la información que los productores y exhibidores deberán proporcionar acerca de costos definidos de producción e ingresos obtenidos por la exhibición y comercialización de la respectiva película.

Artículo 11.- La selección de los proyectos que se propongan deberá efectuarse mediante concursos públicos, postulaciones, licitaciones u otros procedimientos de excepción establecidos en el reglamento, que se sujetarán a las bases generales establecidas en las disposiciones precedentes y en el respectivo reglamento.

Artículo 12.- Los recursos que se destinen a los fines de esta ley se considerarán en la Ley de Presupuestos del Sector Público de la Nación del año respectivo.
En dicha ley se efectuará, anualmente, la distribución de los recursos del Fondo, propiciando un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las Regiones.

Artículo 13.- Reemplázase en el inciso segundo del artículo 7º de la ley Nº 19.846, la frase "sin necesidad de calificarlas, para exhibirlas gratuitamente en festivales o muestras de cine" por la siguiente: "en festivales o en muestras de cine, sin necesidad de calificarlas".".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 3 de noviembre de 2004.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.- Francisco Vidal Salinas, Ministro Secretario General de Gobierno.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento, Saluda atentamente, María Ariadna Hornkohl Venegas, Subsecretaria de Educación.

Tribunal Constitucional
Proyecto de ley sobre fomento audiovisual

El Secretario subrogante del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de los artículos 4º, 5º y 7º del mismo, y por sentencia de 20 de octubre de 2004, dictada en los autos Rol Nº 425, declaró:
1. Que los artículos 4º, 5º y 7º -sin perjuicio de lo que se resuelve en la decisión 3ª de esta sentencia-, del proyecto remitido son constitucionales.
2. Que los artículos 6º y 8º del proyecto remitido son igualmente constitucionales.
3. Que el artículo 7º, numeral 18, del proyecto remitido es constitucional en el entendido precisado en el considerando décimo tercero de esta sentencia.
Santiago, octubre 21 de 2004.- Jaime Silva Mac-Iver, Secretario (S).

2008-03-22T22:07:00.000-07:00

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

LEY NUM. 19.982
HACE QUE EL AUTO DE PROCESAMIENTO NO SEA OBSTACULO PARA SER PRESIDENTE, DIRECTOR, GERENTE, ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE LEGAL DE PERSONAS JURIDICAS TITULARES DE SERVICIOS DE RADIODIFUSION TELEVISIVA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 18º de la ley Nº 18.838, por el siguiente:
"Artículo 18º.- Sólo podrán ser titulares de una concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción o hacer uso de ella, a cualquier título, personas jurídicas de derecho público o privado, constituidas en Chile y con domicilio en el país. Sus presidentes, directores, gerentes, administradores y representantes legales deberán ser chilenos y no haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.".".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 17 de noviembre de 2004.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Francisco Vidal Salinas, Ministro Secretario General de Gobierno.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Patricio Santamaría Mutis, Subsecretario General de Gobierno

2008-03-22T20:47:00.000-07:00

MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

LEY NUM. 20.182
AUTORIZA ERIGIR UN MONUMENTO EN MEMORIA DE DON ANDRONICO LUKSIC ABAROA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley originado en una moción de los Honorables senadores señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José Antonio Gómez Urrutia, Pablo Longueira Montes, Carlos Ominami Pascual y Baldo Prokurica Prokurica.
Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Autorízase erigir un monumento, en la comuna de Antofagasta, en memoria de don Andrónico Luksic Abaroa.

Artículo 2°.- Las obras se financiarán mediante erogaciones obtenidas de donaciones y otros aportes privados.

Artículo 3°.- Créase, en la Región de Antofagasta, un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.

Artículo 4°.- Créase, en la Región de Antofagasta, una comisión especial, integrada por miembros ad-honórem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
- Un Senador nombrado por el Senado.
- Un Diputado nombrado por la Cámara de Diputados.
- El Alcalde de la comuna de Antofagasta o quien lo represente.
- Un representante de la Familia Luksic.
- Un representante de las Empresas Grupo Luksic.
- Un representante nombrado por la Sociedad de Fomento Fabril.
- Un representante de la Confederación Nacional de la Producción.
- Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales.
- Un representante del Colegio de Arquitectos de Chile.
La comisión elegirá un presidente de entre sus miembros y funcionará en las dependencias que para estos efectos disponga la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.

Artículo 5°.- La comisión tendrá las siguientes fun-ciones:
a) Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con la Municipalidad de Antofagasta y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervisar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
b) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
c) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y
d) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.

Artículo 6°.- Si una vez terminado el monumento quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión determine.".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 30 de abril de 2007.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Belisario Velasco Baraona, Ministro del Interior.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Felipe Harboe Bascuñán, Subsecretario del Interior.

2008-03-22T20:45:00.000-07:00

MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

LEY NUM. 20.185
AUTORIZA ERIGIR UN MONUMENTO EN MEMORIA DE DON VICTOR JARA MARTINEZ

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley originado en una moción de los Honorables Senadores señores Jaime Naranjo Ortiz y Carlos Ominami Pascual.
Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Autorízase erigir, en la ciudad de Santiago, un monumento en memoria del cantautor y folklorista don Víctor Jara Martínez.

Artículo 2°.- La obra se financiará mediante erogaciones populares por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes de privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la Comisión Especial que establece el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior.

Artículo 3°.- Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior.

Artículo 4°.- Créase una comisión especial, integrada por siete miembros ad honórem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Un Senador y un Diputado elegidos por sus respectivas Cámaras;
b) El Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales;
c) Dos integrantes de la Fundación Víctor Jara;
d) El Presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, y
e) El Director del Museo Nacional de Bellas Artes.
El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.

Artículo 5°.- La Comisión Especial a que se refiere el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar las fechas y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que alude el artículo 2°, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Establecer la ubicación específica del monumento;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la realización de la obra, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.

Artículo 6°.- Si una vez construido el monumento quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la Comisión determine.".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 30 de abril de 2007.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Belisario Velasco Baraona, Ministro del Interior.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Felipe Harboe Bascuñán, Subsecretario del Interior.

2008-03-22T20:41:00.000-07:00

MINISTERIO DE EDUCACION
SUBSCRETARIA DE EDUCACION

LEY NÚM. 20.243
ESTABLECE NORMAS SOBRE LOS DERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES DE LOS INTÉRPRETES DE LAS EJECUCIONES ARTÍSTICAS FIJADAS EN FORMATO AUDIOVISUAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Los derechos de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras o fijaciones audiovisuales, se regirán por las disposiciones especiales de esta ley y, en lo no previsto en ella, por la ley N° 17.336, en cuanto sea aplicable.

Artículo 2°.-

Con independencia a sus derechos patrimoniales, e incluso después de la transferencia de éstos o de su extinción, el artista, intérprete y ejecutante gozará, de por vida, del derecho a reivindicar la asociación de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones; y de oponerse a toda deformación, mutilación u otro atentado sobre su actuación o interpretación, que lesione o perjudique su prestigio o reputación.
El ejercicio de estos derechos es transmisible a los herederos del artista intérprete y ejecutante, que tengan el carácter de legitimarios, de acuerdo a los órdenes abintestato establecidos en la ley. Estos derechos son inalienables, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

Artículo 3°.-

El artista intérprete y ejecutante de una obra audiovisual, incluso después de la cesión de sus derechos patrimoniales, tendrá el derecho irrenunciable e intransferible de percibir una remuneración por cualquiera de los siguientes actos que se realicen respecto de soportes audiovisuales de cualquier naturaleza, en que se encuentran fijadas o representadas sus interpretaciones o ejecuciones audiovisuales:
a) La comunicación pública y radiodifusión que realicen los canales de televisión, canales de cable, organismos de radiodifusión y salas de cine, mediante cualquier tipo de emisión, análogo o digital;
b) La puesta a disposición por medios digitales interactivos;
c) El arrendamiento al público, y
d) La utilización directa de un videograma o cualquier otro soporte audiovisual o una reproducción del mismo, con fines de lucro, para su difusión en un recinto o lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo.
La remuneración a que se refiere este artículo no se entenderá comprendida en las cesiones de derechos que el artista hubiere efectuado con anterioridad a esta ley y no afecta los demás derechos que a los artistas intérpretes de obras audiovisuales les reconoce la ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual.

Artículo 4°.-

El pago de la remuneración será exigible de quien lleve a efecto alguna de las acciones a que se refiere el artículo precedente.
El cobro de la remuneración podrá efectuarse a través de la entidad de gestión colectiva que los represente, y su monto será establecido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la ley N° 17.336.".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 16 de enero de 2008.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Yasna Provoste Campillay, Ministra de Educación.- Paulina Urrutia Fernández, Ministra Presidenta Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Cristian Martínez Ahumada, Subsecretario de Educación.

2008-03-22T20:37:00.000-07:00

Actualidad Jurídica
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Código Civil. Libro I. De las Personas. Título XIX. De las Tutelas y Curadurías en general.

Título XIX
DE LAS TUTELAS Y CURADURIAS EN GENERAL

1. Definiciones y reglas generales

Art. 338. Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o madre, que pueda darles la protección debida.
Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores y generalmente guardadores.

Art. 339. Las disposiciones de este título y de los dos siguientes están sujetas a las modificaciones y excepciones que se expresarán en los títulos especiales de la tutela y de cada especie de curaduría.

Art. 340. La tutela y las curadurías generales se extienden no sólo a los bienes sino a la persona de los individuos sometidos a ellas.

Art. 341. Están sujetos a tutela los impúberes.

Art. 342. Están sujetos a curaduría general los menores adultos; los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes; y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.

Art. 343. Se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente, y a los derechos eventuales del que está por nacer.

Art. 344. Se llaman curadores adjuntos los que se dan en ciertos casos a las personas que están bajo potestad de padre o madre, o bajo tutela o curaduría general, para que ejerzan una administración separada.

Art. 345. Curador especial es el que se nombra para un negocio particular.

Art. 346. Los individuos sujetos a tutela o curaduría se llaman pupilos.

Art. 347. Podrán colocarse bajo una misma tutela o curaduría dos o más individuos, con tal que haya entre ellos indivisión de patrimonios.
Divididos los patrimonios, se considerarán tantas tutelas o curadurías como patrimonios distintos, aunque las ejerza una misma persona.
Una misma tutela o curaduría puede ser ejercida conjuntamente por dos o más tutores o curadores.

Art. 348. No se puede dar tutor ni curador general al que está bajo la patria potestad, salvo que ésta se suspenda en alguno de los casos enumerados en el artículo 267.
Se dará curador adjunto al hijo cuando el padre o la madre son privados de la administración de los bienes del hijo o de una parte de ellos, según el artículo 251.

Art. 349. Se dará curador a los cónyuges en los mismos casos en que, si fueren solteros, necesitarían de curador para la administración de sus bienes.

Art. 350. Generalmente, no se puede dar tutor ni curador al que ya lo tiene: sólo podrá dársele curador adjunto, en los casos que la ley designa.

Art. 351. Si el tutor o curador, alegando la excesiva complicación de los negocios del pupilo y su insuficiencia para administrarlos cumplidamente, pidiere que se le agregue un curador, podrá el juez acceder, habiendo oído sobre ello a los parientes del pupilo y al respectivo defensor.
El juez dividirá entonces la administración del modo que más conveniente le parezca.

Art. 352. Si al que se halla bajo tutela o curaduría se hiciere una donación, herencia o legado, con la precisa condición de que los bienes comprendidos en la donación, herencia o legado, se administren por una persona que el donante o testador designa, se accederá a los deseos de éstos; a menos que, oídos los parientes y el respectivo defensor, apareciere que conviene más al pupilo repudiar la donación, herencia o legado, que aceptarlo en esos términos.
Si se acepta la donación, herencia o legado, y el donante o testador no hubiere designado la persona, o la que ha sido designada no fuere idónea, hará el magistrado la designación.

Art. 353. Las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, legítimas o dativas.
Son testamentarias las que se constituyen por acto testamentario.
Legítimas, las que se confieren por la ley a los parientes o cónyuge del pupilo.
Dativas, las que confiere el magistrado.
Sigue las reglas de la guarda testamentaria la que se confiere por acto entre vivos, según el artículo 360.

tierra negra

2007-10-25T20:22:00.000-07:00

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ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE RECUPERACION DE TIERRAS

(actualizado a Julio del 2001)

I. CONTEXTO SOCIO POLITICO ACTUAL Y SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN CONFLICTO:
La actual situación del Pueblo Nación Mapuche es de dominación y opresión frente al Estado chileno. Ésto, como consecuencia de la violencia, de la usurpación de los territorios históricos, del arreduccionamiento permanente de las comunidades, del deterioro del suelo y del medio ambiente y de la negación de derechos territoriales, políticos y culturales, violándose en consecuencia, todos los derechos fundamentales de un pueblo originario, situación que se mantiene hasta los días de hoy.
El estado de dominación política y cultural del Pueblo Mapuche se expresa en la marginación y la represión de que son objeto las comunidades, agudizándose cada vez que éstas se movilizan por sus derechos políticos y territoriales.
En efecto, las acciones de recuperación de tierras principalmente en las zonas de Arauco y Malleco, han transformado el conflicto en real y permanente y ha involucrado al Pueblo Mapuche en su conjunto contra el Estado chileno y las empresas transnacionales. El desarrollo de este conflicto ha evidenciado el compromiso que mantiene el Estado con grandes intereses económicos -empresariales bajo un sistema económico, político y social que condena la existencia de los pueblos originarios.
La demanda de restitución de espacios territoriales por las comunidades ha causado un gran impacto, por un lado, porque se plantean históricas demandas territoriales, poniéndose en el tapete el actual sistema de propiedad usurpada basado, principalmente, en la expansión forestal y, por otro, porque el conflicto ya no tiene lugar con propietarios individuales, como fue en el pasado, sino con grandes empresas transnacionales básicamente del rubro maderero - forestal, como también turísticas y energéticas. Estas empresas han protagonizado en las últimas décadas un acelerado proceso de concentración de propiedades en la provincia de Arauco y Malleco, expandiéndose aceleradamente hacia otras zonas de la IX y X región, en donde además existe alta concentración de población mapuche.
En el caso de las empresas forestales, su actividad se centra en el mono cultivo del pino insigne y radiata a fin de satisfacer la demanda de plantas celulosas, aserraderos industriales y exportación de rollizos. Las transnacionales forestales que operan en el territorio ancestral mapuche ya dominan más de dos millones de hectáreas y proyectan como plan de inversión a mediano plazo la ocupación de seis millones de hectáreas como objetivo.
En el actual escenario socio político, con un gobierno "socialdemócrata" en la administración del Estado, la situación del Pueblo Nación Mapuche no ha variado sustancialmente. Este nuevo gobierno mantiene el acuerdo político con las clases dominantes en la forma de gobernar y administrar este país, no alterando la estabilidad social y política que sólo le es funcional a los sectores empresariales que ven sus intereses comprometidos con el conflicto mapuche.
El Estado pretende contener la lucha mapuche a través de dos grandes líneas de acción: por una parte, la represión, comprometiendo a todas las instituciones estatales (principalmente judicial y policial), y permitiendo el impune accionar de las "guardias blancas" de los empresarios y latifundistas; por otra parte, la implementación de políticas sociales de orden paliativas y asistenciales, con ofrecimientos que están lejos de resolver las históricas demandas de Autonomía y Territorio, toda vez que se persiste en mantener intactos los intereses de las transnacionales, aceptando sobre todo la marcha de un proceso de inversión capitalista en nuestros territorios ancestrales que de no detenerse nos condena al exterminio.
Si a ésto le sumamos los vergonzosos "acuerdos políticos" del Estado con algunas organizaciones mapuche cooptadas, tenemos un cuadro que evidencia la línea histórica del Estado de integrar forzadamente y dominar al Pueblo Mapuche.
Consideremos además, el hecho de que con la "democracia" se establece un sistema político que ha permitido refundar y consolidar a la clase dominante sobre la base de mantener las mismas estructuras de poder de dominación capitalista. Ésto se evidencia claramente en la contradicción sistema capitalista-Pueblo Nación Mapuche, en donde el proceso de inversión transnacional en el territorio ancestral mapuche implica ya una política de Estado.
Por ser los administradores del poder de dominación, las ya muchas iniciativas gubernamentales de la "concertación" para contener la movilización mapuche han fracasado, en cierto modo, ya que éstas se han traducido en una agudización del conflicto, como consecuencia de la fuerte represión por parte de las fuerzas policiales y los guardias privados de las forestales y particulares en contra de las comunidacies movilizadas.
Por otra parte, el fuerte empresariado chileno ya ha consolidado no sólo su poder económico, sino que además la línea política, y es muy probable que se convierta en poder político (la derecha) en la administración del Estado en las próximas elecciones, ésto debido también a la subyugación y confusión de la concertación ante los poderes de dominación.
En este sentido, el nuevo escenario, con el "conflicto mapuche" en que se ha golpeado al modelo económico y a la superestructura política e ideológica del Estado, es decir, se han resentido el Estado y las transnacionales, el gobierno ha persistido en la contención de la política autonomista y nacionalitaria del movimiento mapuche. La línea estratégica del Estado será entonces la neutralización del conflicto y para ello utiliza su influencia política sobre determinados actores políticos o sociales.
Por lo anterior, se puede concluir que la actual administración sólo se compromete bajo una visión indigenista a asumir un rol tutelar de corte asistencialista hacia los pueblos originarios, en donde la política social del Estado es parte de una estrategia política mayor que tiene como objetivo amortiguar el descontento de las comunidades.
Por su parte, las comunidades en conflicto, principalmente las agrupadas en la C.A.M. mantienen su postura de hacer frente a los procesos de inversión forestal en zonas de conflicto a través de las recuperaciones de tierras y el ejercicio de derechos políticos y territoriales. Dicha situación ha generado una serie de sucesos, que generalmente no tienen cobertura por gran parte de los medios de comunicación, o bien son desperfilados con el claro objetivo de minimizar el conflicto, queriendo con ello atomizar al movimiento mapuche.
A continuación se incluyen algunos antecedentes actualizados de los procesos de recuperación de tierras de las comunidades agrupadas en la C.A.M., poniendo énfasis en las primeras experiencias de control territorial mapuche en zonas de conflicto; posteriormente se entregan antecedentes de otras comunidades con antiguas demandas de tierras, pero que se encuentran en un proceso de estancamiento, convirtiéndose en potenciales comunidades en conflicto.

II. ALGUNOS ANTECEDENTES DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE EN CONFLICTO DE LA PROVINCIA DE ARAUCO
1. Comunidad Pablo Quintriqueo Huenuman, sector Kuyinco, comuna de Los Alamos:
Demanda un predio de 1.650 hectáreas hoy en manos de la Empresa Forestal Bosques Arauco S.A. con los que mantiene un antiguo litigio en los tribunales chilenos. Familias de la sucesión Fren Mariqueo ocuparon algunas hectáreas para instalar sus viviendas y mantener pequeños cultivos caseros.
Con apoyo de otras comunidades, en 1998 se comenzaron a desarrollar trabajos productivos al interior del predio como madereo y siembras de trigo, mismo año en el cual la empresa decide talar los bosques, siendo resistido por la comunidad legalmente y en los hechos. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1998, se producen violentos incidentes producto de la acción combinada de carabineros y guardias contratados por la empresa forestal destinados a reprimir y amedrentar a los comuneros, llegando incluso a la utilización de armas de fuego y a la agresión con maquinarias pesada como skider y cosechadoras por parte de los guardias privados, lo cual trajo como consecuencia desalojos, detenciones, heridos de gravedad, destrucción y quema de tres casas construidas por los comuneros y confiscación de todos los enseres de casa.
Pese a que tribunales ordenó la suspensión de cualquier tipo de actividad en las tierras en disputa, Bosques Arauco continuó sus faenas, ya que luego de explotar todo el bosque volvió a plantar. Por otra parte, intensificó la dotación de guardias privados quienes actúan impunemente amedrentando a los comuneros que ahí habitan y a todos los que visitan la comunidad, persiguiéndolos, fotografiándolos, grabándolos en cintas de videos, insultándolos, incluso golpeando -al menos en cuatro ocasiones- a la esposa del lonko cuando la han encontrado sola, dos veces durante el año 2000.
Durante 1999 y el 2000 se intentó realizar siembras de trigo en el predio, lo que ha sido impedido por los guardias de la forestal, mediante amenazas, golpizas y la utilización de diversos químicos para terminar con la siembra. Sin embargo, la decidida actitud de los comuneros los ha mantenido con sus viviendas dentro del predio, mientras continúa el litigio por las tierras.
2. Comunidad Pascual Coña, sector Lleu Lleu chico, comuna de Cañete:
Producto de la acción del Ejército de La Frontera y luego de diversas disposiciones legales esta comunidad ocupa sólo una parte de las antiguas tierras de dominio comunitario; actualmente vive un promedio de 18 familias en un terreno de 52 hectáreas. La comunidad presentó una demanda en los tribunales chilenos por 300 hectáreas de tierra del Fundo Lleu Lleu, hoy en manos del empresario Osvaldo Carvajal Rondanelli, quien contemplaba la realización de un proyecto para instalar un complejo turístico en la zona, cuya inversión ascendía a 45 millones de dólares, lo que implica sacar de ahí a todas las comunidades vecinas.
Durante el proceso de recuperación de tierras se han realizado al menos 10 ocupaciones del predio y otras movilizaciones, producto de lo cual se han llevado a cabo reiteradas detenciones y allanamientos en casa de los comuneros, a lo que se suman acciones de amedrentamiento y amenazas de muerte anónimas particularmente dirigidas a los dirigentes más consecuentes de la comunidad. En marzo de 1999, a raíz de un incendio ocurrido en la Hacienda Lleu Lleu, se designó un Ministro en Visita que hasta la fecha mantiene procesados a dos dirigentes mapuche de la comunidad.
La CONADI ha realizado una fuerte intervención en la comunidad, provocando la división de ésta, a tal punto que a principios de este año adquirió un predio al sur de Cañete para diez familias, sólo seis de las cuales efectivamente residen en la comunidad (hasta la fecha ninguna de ellas se ha trasladado). Con esta acción, el gobierno pretendía poner fin al conflicto y proporcionar mayores condiciones para que Carvajal desarrollara su proyecto turístico. En este contexto, el 26 de enero del año en curso, se llevó a cabo una nueva movilización dentro del predio reivindicado, la que fue violentamente reprimida por policías civiles y uniformados los cuales, ante el abandono del predio que hicieron los manifestantes, se dirigieron a la comunidad, allanando con extremada violencia dos viviendas y particularmente la del werken de la comunidad, Avelino Meñaco. Esta brutal acción dejó como resultado varias personas heridas, dos de ellas debieron ser hospitalizadas e intervenidas para extraerles los balines disparados por policías; a su vez, resultaron 9 personas detenidas. En el marco de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado solicitada por el gobierno a raíz de estos hechos, en el mes de marzo el ministro instructor ordenó nuevas detenciones y procesamientos, totalizando 11 personas, de los cuales sólo siete pudieron ser detenidos. Actualmente se encuentra en su etapa final el procedimiento judicial para determinar si considera culpables a éstos de "alteración del orden público" y de "obstrucción a la actividad agrícola".
La firme oposición a la ejecución del proyecto por parte de un sector de la comunidad, ha impedido éste y actualmente mantienen su postura de recuperar las tierras usurpadas.
3. Comunidad Nicolás Calbullanca, sector Lleu Lleu bajo, Cañete:
Reivindican tierras antiguas no consideradas en los títulos de merced, por un total de 382 hectáreas de tierra, actualmente en manos del particular Jacinto Galilea quien, hace algunos meses atrás, realizó un traspaso en la administración de este terreno a un familiar. Han realizado gestiones en la CONADI para la compra de estas tierras, organismo que ha mantenido su intervención en la comunidad a través de proyectos y el ofrecimiento de compra de tierras, lo que hasta la fecha no se ha concretado.
Se encuentran en un proceso de discusión, luego de haber desarrollado algunas movilizaciones para reivindicar las tierras usurpadas.
4. Comunidad Esteban Yevilao, sector Choque arriba y Comunidad Juan Venancio Neguey, sector Choque bajo, Tirúa:
Esta última comunidad es de reciente formación, alrededor de dos años, siendo la comunidad Esteban Yevilao la originaria. En conjunto reivindican un total de 400 hectáreas de tierra, hoy en manos de Forestal Volterra (100 hectáreas) y de Forestal Mininco (300 hectáreas aproximadamente).
Estas tierras habrían sido arrendadas por Arnoldo Ebensperguer al cacique Esteban Yevilao, puesto que en 1930 aparecen inscritas 400 hectáreas a su nombre. Durante el proceso de Reforma Agraria, Ebensperguer entregó estas tierras a la CORA donde se estableció un asentamiento, luego la CORA lo entregó a CONAF. Estas tierras fueron plantadas por CONAF con aprobación de los mapuche del asentamiento, posteriormente CONAF entregó estas tierras a Forestal Mininco; por su parte, la empresa Forestal Volterra se hizo propietaria alrededor de 1992. Actualmente se encuentran con plantaciones de pino radiata y eucaliptos.
Entre los años 1976 y 1977 la comunidad realizó sus primeras movilizaciones para recuperar las tierras, las que se reactivaron entre 1981 y 1985 con entradas al fundo, junto a la comunidad de Miquihue, siendo la mayoría de las veces fuertemente reprimidos, por lo que se recuerda como una de los sucesos más tensos ocurridos durante la dictadura militar. En esos años la comunidad interpuso una demanda en los tribunales chilenos por usurpación de tierras.
Entre los años 1992 y 1993, se efectuó la primera explotación de pino, a lo cual la comunidad se opuso y se movilizó tratando de paralizar las faenas, entre otras acciones con cortes de caminos. Con posterioridad, ésto es en junio de 1999 se ingresó nuevamente al predio con la finalidad de explotar las plantaciones, en ese periodo Forestal Volterra presenta una denuncia por "robo de madera", producto de lo cual son acusados y detenidos seis comuneros, que luego fueron liberados. Actualmente, la comunidad se encuentra en un proceso tendiente a declarar conflicto, reivindicando las tierras que hoy están en manos de las empresas forestales mencionadas y de particulares como Baloki y norteamericanos, reivindicando así parte del histórico Fundo Tranaquepe.
5. Comunidad Juana Millahual, sector Rukañanco, Contulmo:
Esta comunidad reivindica las tierras antiguas que de acuerdo a la versión de sus dirigentes comprenderían un total de 10.000 hectáreas que hablan sido de propiedad de Juana Millahual. El conflicto se ha desarrollado principalmente contra la empresa Forestal Mininco S. A. quien tiene ahí plantaciones de eucaliptos. Reivindican según el Título de Merced 180 hectáreas del Fundo La Posada, más 70 hectáreas del predio Puerto Alegre, ambos en posesión de Forestal Mininco S. A.
Esta comunidad ha mantenido por más de 100 años una disputa judicial, la que fue retomada en 1998 cuando se interpuso nuevamente una demanda por usurpación de tierras en los Tribunales de Cañete, que hasta el momento no ha tenido una respuesta favorable.
En 1996 el conflicto se agudiza, producto de la decisión de Mininco S. A. de explotar los bosques en el predio en conflicto. La comunidad se opuso tenazmente haciendo ocupación del predio en varias oportunidades, ante lo cual la empresa solicita orden de desalojo, siendo detenidos hombres, mujeres y niños de la comunidad, incluso muchos de ellos fueron sacados de sus casas. Durante los desalojos carabineros de Cañete, Contulmo y Lebu actuaron con inusitada violencia.
Luego de estos acontecimientos, la Forestal ha hecho casi total abandono del predio, manifestando su deseo de traspasarlo mediante su venta a CONADI. Por su parte, CONADI ofreció tierras a la comunidad, pero fuera de este lugar, lo cual fue rechazado por ésta.
Desde 1998 a la fecha la comunidad ha hecho ocupación del predio, realizando trabajos productivos en forma creciente, como la tala de bosques y siembras de trigo y avena, manteniendo el predio bajo su control.
6. Comunidad Antonio Paillao, sector Colcuma, Tirúa:
Reivindican un total de 28.000 hectáreas de tierra hoy en manos de Forestal Mininco S. A. Antiguamente estas tierras correspondían al Fundo Huillinco perteneciente a la comunidad Paillao Colcuma, cuyo lonko era Antonio Paillao. Desde 1877 las tierras fueron irregularmente vendidas y ocupadas por chilenos que se fueron adueñando de estos terrenos.
Actualmente la comunidad posee 100 hectáreas según plano de la división del año 1980 y mantiene interpuesta una demanda en los tribunales chilenos.
La comunidad ha hecho ocupación del predio en varias ocasiones desde junio de 1998- y ha realizado trabajos de tala de bosque. En los primeros meses del 2000 se intentó realizar un desalojo por parte de carabineros, generándose serios incidentes, producto de lo cual resulta un carabinero herido.
7. Comunidad José Agustín Huenupil, sector Tranicura, Tirúa:
Reivindican tierras hoy en manos de Forestal Mininco S. A., Volterra y Bosques Arauco, formando parte de la demanda territorial de cinco comunidades por un total aproximado de 18.000 hectáreas.
Actualmente realizan trabajos productivos junto a la comunidad Millanao Ancatén (Puente de Tierra) en un predio de Forestal Mininco S. A. Desde abril de 1999 se han dedicado a la siembra de trigo, avena y papas, principalmente.
En los meses de julio y agosto del 2000, atendiendo al menos a dos órdenes de desalojo, carabineros de Cañete, Lebu y Concepción han actuado con inusitada violencia en terrenos de la comunidad, utilizando bombas lacrimógenas y carros lanzaaguas y disparando balines y perdigones, ante lo cual hombres, mujeres y niños de todas las comunidades vecinas se han resistido decididamente. Durante los primeros incidentes, al menos tres comuneros mapuche resultaron con serias heridas producto de los balines disparados por carabineros.
Actualmente se han unido a otras tres comunidades, sumando cinco comunidades que demandan la restitución de tierras usurpadas. Continúan desarrollando trabajos productivos en los predios y han fortalecido su organización para mantener el control de la zona. En este aspecto, se destaca su firme decisión de impedir la detención de los dos lonko del sector Tranicura (procesados por Ley de Seguridad Interior del Estado a raíz de los sucesos de Lleu Lleu), producto de lo cual cuatro mapuche de la zona fueron gravemente heridos a bala por parte de Policía de Investigaciones de Lebu, quienes intentaron detener a uno de ellos el día 15 de mayo de este año.
8. Comunidad Tranicura, comuna de Tirúa:
Reivindican tierras hoy en manos de Forestal Mininco S. A., Volterra y Bosques Arauco. Forman parte de la demanda territorial de cinco comunidades por un total aproximado de 18.000 hectáreas. Desde inicios del 2000, junto a la comunidad de Bajo Quilantahue, ha desarrollado trabajos productivos en uno de los predios demandados, entre éstos extracción de leña y preparación de la tierra para la siembra.
Han debido enfrentar la acción de carabineros junto a las comunidades vecinas, cuando éstos han intentado el desalojo durante julio y agosto del 2000. Forman parte de las comunidades que se han unido para luchar por la restitución de tierras usurpadas. Continúan desarrollando trabajos productivos en los predios y han fortalecido fuertemente su organización para mantener el control de la zona. En este aspecto, se destaca su firme decisión de impedir la detención de los dos lonko del sector Tranicura (procesados por Ley de Seguridad Interior del Est ado a raíz de los sucesos de Lleu Lleu), producto de lo cual cuatro mapuche de la zona fueron grave mente heridos a bala por parte de Policía de Investigaciones de Lebu, quienes intentaron detener a uno de ellos el día 15 de mayo de este año.
9. Comunidad Millanao Ancaten, sector Puente de Tierra, Tirúa:
Reivindican tierras junto a las comunidades del sector, ocupadas actualmente por Forestal Volterra, Mininco S. A. y Bosques Arauco, que en conjunto suman 18.000 hectáreas aproximadamente. Junto a la comunidad Agustín Huenupil, han desarrollado trabajos productivos en un predio de Forestal Mininco S. A. los predios demandados, principalmente siembras de trigo, avena y papas.
Han debido enfrentar la acción de carabineros junto a las comunidades vecinas, cuando éstos han intentado el desalojo durante julio y agosto del 2000. Forman parte de las comunidades que se han unido para luchar por la restitución de tierras usurpadas. Continúan desarrollando trabajos productivos en los predios y han fortalecido su organización para mantener el control de la zona, en estrecha coordinación con todas las comunidades de la zona.
10. Comunidad Quidiqueo Huenupil, sector Kumillahue, Tirúa:
Reivindican tierras hoy en manos de Forestal Mininco S. A., Volterra y Bosques Arauco. Forman parte de la demanda territorial de cinco comunidades por un total aproximado de 18.000 hectáreas.
Han debido enfrentar la acción de carabineros junto a las comunidades vecinas, cuando éstos han intentado el desalojo durante julio y agosto del 2000. Desarrollan trabajos productivos en el predio en conflicto, siendo la única comunidad del sector que se encuentra vinculada a otra organización.
11. Comunidad Bajo Quilantahue, comuna de Tirúa:
Reivindican tierras hoy en manos de Forestal Mininco S. A., Volterra y Bosques Arauco. Forman parte de la demanda territorial de cinco comunidades por un total aproximado de 18.000 hectáreas.
Un sector de la comunidad ha decidido desarrollar trabajos productivos en los predios demandados junto a la comunidad Tranicura, entre ellos la extracción de leña.

OTRAS COMUNIDADES MAPUCHE DE ARAUCO CON DEMANDAS DE TIERRA:
Comunidad Pangue, sector Sara de Lebu, Los Alamos:Reivindica tierras que forman parte del predio Ranquilco; son retazos de terrenos que se denominan Reserva CORA A y Reserva CORA B de 360 y 460 hectáreas respectivamente, hoy en manos de Empresa Forestal Bosques Arauco S. A.
Comunidad Likauken, sector Grano de Trigo, Contulmo:Reivindican tierras hoy en manos de Forestal Mininco S. A.
Comunidad de Tricauco, sector Huallepen, Contulmo: Reivindican tierras hoy en manos de Forestal Mininco S. A.
Comunidad de Elicura, comuna de Contulmo:Reivindican 200 hectáreas de tierras hoy en poder de Forestal Mininco S.A. A algunos integrantes de la comunidad se les entregó un subsidio de tierras que implica su traslado del sector.
Comunidad Kuyen Palihue, Cañete:Reivindican tierras hoy en manos de Forestal Mininco S. A.
Comunidad Juanico Antinao, sector Lautaro Antiquina, Cañete:A través de CONADI, en abril de 2000 se les entregó un subsidio de tierras que comprende un total de 185 hás. que se entregarían gradualmente para un total de 39 personas de la comunidad, pero que implica el traslado de éstas a Contulmo, Elicura y Cañete, destruyendo la integridad de esta comunidad. El subsidio "favoreció" a mapuche de esta comunidad y a otras personas de Huentelolén y Elicura, quienes serán trasladados a los mismos lugares.
La comunidad demandaba anteriormente un predio de 580 hás. hoy en manos de Empresa Forestal Bosques Arauco S. A.
Comunidad Andrés Porma, sector Huentelolén, Cañete:Reivindican tierras antiguas que no fueron incluidas en los Títulos de Merced, predio que actualmente está en poder de la Empresa Forestal Bosques Arauco y otras tierras reconocidas por los títulos, pero que fueron ocupadas por particulares, demandando un total de 3.500 hectáreas aproximadamente.
Comunidad Juan Lincopan, sector Ranquilhue grande, Tirúa:Reivindica un total de 2.500 hectáreas de tierra del Fundo Tranaquepe actualmente de propiedad de la empresa Forestal Mininco S. A. Alrededor de 1986, junto a las comunidades de Miquihue y Ranquilhue chico realizaron acciones en el marco de la recuperación de tierras, demandando la totalidad del Fundo Tranakepe que cuenta con 5.000 hectáreas, hoy en manos de Forestal Mininco S. A. y Forestal Volterra.
Comunidad Lorenzo Lepin Millahual, sector Ranquilhue chico, Tirúa:Reivindican 1.500 hectáreas de tierras correspondiente a una parte del Fundo Tranakepe de Forestal Mininco S. A. y Ebensperguer.
Comunidad Lorenzo Pilquiman, sector Miquihue, Tirúa:Reivindican 1.500 hectáreas que son parte del Fundo El Canelo Tranaquepe, actualmente en manos de Forestal Volterra y 150 hectáreas usurpadas por particulares (Héctor Lisboa, Andrés Balloqui y familia Ramírez). Alrededor de 1986 realizan diversas ocupaciones y obstaculización de los accesos siendo fuertemente reprimidos; además de ello entablan una demanda en tribunales.
CONADI entregó subsidio de tierras a una parte de la comunidad, que implicó su traslado a la comuna de Cañete.
Comunidad José María Calbul, sector El Malo, Tirúa:Reivindica 30 hectáreas de tierras actualmente en manos de un particular de apellido Cerda, donde se encuentran históricos lugares sagrados de la comunidad como es el Tren Tren y el guillatuwe. Se suman a ello 70 hectáreas que hoy están en manos del particular Carlos Campos. Además reivindican una pequeña isla que sería de 3 a 4 hectáreas, hoy de propiedad de Forestal Mininco S.A., que según los comuneros es una parte del Tren Tren que se soltó para caer en el lago.
Comunidad Carralhue, sector Tranaquepe, Tirúa:Esta comunidad se encuentra subdividida en sitios bajo los denominados Títulos de Dominio, ocupando un total de 300 hectáreas aproximadamente. Reivindican 6.300 hectáreas de tierras ocupadas hoy por la empresa Forestal Bosques Arauco S. A. A principios del 2000 realizaron una ocupación del predio y se encuentran discutiendo un reingreso para la realización de trabajos productivos.
III. ALGUNOS ANTECEDENTES DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE EN CONFLICTO DE LA PROVINCIA DE MALLECO
1. Comunidad "Antonio Ñiripil", sector Temulemu, comuna de Traiguen:
Junto a las comunidades de Didaico y Pantano, esta comunidad ha desarrollado una serie de acciones tendientes a la restitución de tierras usurpadas, principalmente por la Empresa Forestal Mininco S. A., entre ellas una parte del Fundo Santa Rosa de Colpi de 1650 hectáreas que son reivindicadas por la comunidad. También reivindican un promedio de 600 hectáreas de un total de 1.953 hectáreas del Fundo Nancahue, actualmente en manos de particulares (hermanos Figueroa Yávar), donde un sector se encuentra plantado con pino radiata y otro es habitado por medieros no mapuche.
En marzo de 1999 la empresa Forestal adelantó la explotación de los bosques de pino, por lo que las movilizaciones se agudizaron. Producto de ello se suscitaron una serie de incidentes, a raíz de la acción de guardias forestales y fuerzas policiales, resultando varios mapuche heridos, allanadas algunas viviendas, requisado y destruido un banco aserradero, detenidos y procesados algunos comuneros, entre ellos sus dirigentes.
Esta comunidad ha sido fuertemente intervenida por los organismos gubernamentales, particularmente por CONADI, quien en dos ocasiones ha adquirido tierras en otras zonas para algunos comuneros, tendiendo as! a la desestructuración de la comunidad originaria. Un primer traslado lo hizo un pequeño grupo en 1999 y recientemente, un segundo grupo, se trasladó hacia la comuna de Toltén. Sin embargo, un grupo de comuneros se encuentra en abierta oposición al traslado y, junto a las comunidades vecinas, continúan desarrollando trabajos productivos como extracción de leña, siembra de trigo y avena; asimismo mantienen sus animales dentro del predio. La empresa forestal ha hecho casi total abandono del predio y las comunidades mantienen su control, planteándose una demanda territorial que comprende un total de 5.527 hectáreas de tierras aproximadamente.
2. Comunidad "Lorenzo Lorín ", sector Didaico, comuna de Traiguen:
Junto a las comunidades de Temulemu y Pantano, esta comunidad ha desarrollado una serie de acciones tendientes a la restitución de tierras usurpadas, principalmente por la Empresa Forestal Mininco S. A., entre ellas el Fundo Santa Rosa de Colpi y Chorrillos. La demanda de tierras es la siguiente:
· Fundo Lumaquina: 560 hectáreas aproximadamente. Actualmente se encuentra plantado con pino radiata. Se reconoce como propietarios de 310 hás. a Rafael y Julio Sagredo y a Oscar Gisellini, de las 250 hás. restantes.
· Fundo Tren Tren: Alrededor de 250 hás. En la actualidad se encuentra plantado con pino radiata y su propietario es Venturelli.
· Fundo Chorrillos: 487 hectáreas (de un total de 787 hás. que comprende el fundo). Actualmente en manos de Forestal Mininco S. A.
· Fundo Nancahue: Un promedio de 650 hectáreas (de un total de 1.953 hás. aproximadamente). Se reconoce como propietarios a Aída, Jorge Rafael y Juan Agustín Figueroa Yávar; un sector se encuentra plantado con pino radiata y otro es habitado por medieros no mapuche.
· Fundo Santa Rosa de Colpi: 980 hectáreas aproximadamente de un total de 1680, hoy en manos de Forestal Mininco S. A.
En marzo de 1999 la empresa forestal adelantó la explotación de los bosques de pino en los Fundos Santa Rosa de Colpi y Chorrillos por lo que las movilizaciones se agudizaron; asimismo, la empresa se valió de guardias privados y solicitó apoyo de fuerzas policiales para llevar a cabo la explotación. Producto de ello se suscitaron una serie de incidentes, resultando varios mapuche heridos, allanadas algunas viviendas, requisado y destruido un banco aserradero, detenidos y procesados algunos comuneros, entre ellos sus dirigentes.
En la actualidad la empresa forestal ha hecho casi total abandono del predio y las comunidades mantienen su control, planteándose una demanda territorial que comprende un total de 5.527 hectáreas de tierras aproximadamente. Esta comunidad se mantiene fuertemente organizada y continúan desarrollando trabajos productivos dentro del predio como extracción de leña, producción de carbón, siembra de trigo y avena; asimismo mantienen sus animales dentro de éste. Actualmente se encuentran instaladas algunas viviendas dentro del predio y se encuentran en construcción otras más.
3. Comunidad "Juan Marín", sector Pantano, comuna de Lumaco:
Junto a las comunidades de Didaico y Temulemu, esta comunidad ha desarrollado una serie de acciones tendientes a la restitución de tierras usurpadas, principalmente por empresas forestales. La demanda es la siguiente:
· Fundo Santa Elena: La totalidad, que comprende un promedio de 400 hectáreas. La propiedad "legal" es compartida por Forestal Arauco y Cortessi.
· Fundo Santa Clara: El total de 500 hectáreas aproximadamente, hoy en manos de Forestal Millalemu y Stappug.
· Fundo Chorrillos: Un promedio de 300 hectáreas (de un total de 787 hás. que comprende el fundo). Actualmente en manos de Forestal Mininco S. A.
· Fundo El Maiten: De 100 hectáreas aproximadamente.
Esta comunidad se encuentra fuertemente intervenida por organismos gubernamentales, particularmente por la CONADI, y por organizaciones mapuche oficialistas, que han hecho ofrecimiento de compra de tierras a la comunidad y han validado en los hechos la división de ésta, en tanto existen al menos tres sectores organizados como comunidades con personalidad jurídica, a quienes se les ha motivado para que se trasladen de la zona; un grupo de ellos lo hizo hacia la comuna de Victoria. Otro grupo, aunque reducido, mantiene su firme oposición al traslado de la comunidad y mantiene su demanda por las tierras usurpadas. Durante este año ha fortalecido el desarrollo de trabajos productivos dentro del predio con la siembra de trigo y avena.
4. Comunidad Pichiloncoyan, comuna de Purén; comunidad Pilin Mapu, comuna de Lumaco y comunidad Calcoi, comuna de Capitán Pastene:
Estas comunidades en su conjunto reivindican el Fundo Pidenco de 3.000 hectáreas de tierra aproximadamente, hoy en manos de Forestal Bosques Arauco. Este fundo fue explotado a fines de 1997 y principios de 1998, y actualmente ha sido totalmente replantado. Por este conflicto fueron detenidos y procesados por la Ley de Seguridad del Estado 12 comuneros mapuche, siendo uno de ellos condenado a 3 años de privación de libertad, quien se encuentra cumpliendo la condena en la Cárcel de Temuco.
5. Comunidad "Ignacio Queupul", sector Temucuicui, comuna de Ercilla:
Reivindican alrededor de 1.600 hectáreas del Fundo Alaska, hoy en manos de Forestal Mininco S.A. Esta comunidad ha desarrollado una serie de movilizaciones para recuperar las tierras usurpadas. Por su parte, la empresa forestal ha aumentado la dotación de guardias privados para amedrentar a la comunidad. En 1999 se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado por lo cual algunos comuneros han sido procesados y detenidos; actualmente, se estableció una condena de privación de libertad a dos de ellos, resolución a la cual se está apelando.
En la actualidad se encuentran en un proceso de negociación para que CONADI compre estas tierras y, pese a que se habían reactivado las movilizaciones ante la lentitud de la negociación, la comunidad optó por suspender éstas. Producto de la intervención de CONADI -como es lógico-, se han agudizado las diferencias entre dos sectores de la comunidad, con relación a la continuidad de las movilizaciones mientras la adquisición del predio no se concrete.
6. Comunidad Choiñ Lafkenche, comuna de Collipulli:
En conjunto con las comunidades Coliwinka Tori, Antonio Paillacoy y Catrío Ñancul reivindica el Fundo Rucañanco y Fundo Araucanía, actualmente de propiedad de Forestal Mininco S. A. El Fundo Rucañanco comprende un promedio de 3.000 a 4.000 hectáreas de tierra, de las cuales 1.600 son reivindicadas por las comunidades en su conjunto; del Fundo Araucanía reivindican un promedio de 700 hectáreas. Forestal Mininco S. A. ha aumentado la dotación de guardias privados y ha incorporado una serie de mecanismos de seguridad tendientes al resguardo de ambos fundos.
7. Comunidad Juan Ailla Varela, sector Caillín, comuna de Collipulli:
Demanda la restitución del Fundo Ginebra de 420 hectáreas, que hoy son de propiedad de Pedro Nickelsen Dessy, más 40 hectáreas de propiedad fiscal que serían parte del Título de Merced originario de la comunidad; además demandan las tierras del Fundo Curaco de alrededor de 400 hectáreas, actualmente de un particular (Galvarini). Desde julio del 2000 hasta la fecha han desarrollado una serie de movilizaciones por la restitución de sus tierras, entre ellas corridas de cerco, extracción de leña, uso de las tierras para talaje y siembra.
En febrero de este año la comunidad sostuvo conversaciones con el ministro subrogante de MIDEPLAN y el director de CONADI, quienes asumieron el compromiso de dar pronta solución a sus demandas; mientras la comunidad optó por continuar su proceso de recuperación productiva.
Las movilizaciones y la presión realizada por la comunidad, además de una serie de confusos incidentes entre personas del sector y propietarios particulares, ocurridos durante los primeros meses de este año, llevó a que Pedro Nickelsen del Fundo Ginebra anunciara públicamente que hacía abandono del predio.
Asimismo, estos hechos dieron origen a una investigación por lo cual el Juzgado de Garantía de Collipulli ordenara la detención de tres comuneros, acusándolos de homicidio frustrado, lesiones graves y robo con fuerza. Esta orden se hizo efectiva el día lunes 25 de junio, logrando la detención sólo de dos personas, uno de ellos es Francisco Llanca, lonko de la comunidad, quienes hasta la fecha permanecen detenidos en la cárcel de Angol, mientras el tercer comunero ha evadido la órden de detención.
8. Comunidad Catrío Ñancul, comuna de Collipulli:
En conjunto con las comunidades Coliwinka Tori, Antonio Paillacoy y Choiñ Lafkenche, reivindican tierras del Fundo Rucañanco y Fundo Araucanía, actualmente de propiedad de Forestal Mininco S.A. El Fundo Rucañanco comprende un promedio de 3.000 a 4.000 hectáreas de tierra, de las cuales 1.600 son reivindicadas por las comunidades en su conjunto; del Fundo Araucanla reivindican un promedio de 700 hectáreas. Forestal Mininco S. A. ha aumentado la dotación de guardias privados, y ha incorporado una serie de mecanismos de seguridad tendientes al resguardo de ambos fundos.
Esta comunidad también reivindicaba tierras del Fundo Pemulemu de alrededor de 400 hectáreas, las cuales fueron adquiridas por la CONADI durante el mes de mayo y fueron traspasadas a 27 familias de la comunidad.
Producto de diversas movilizaciones desarrolladas por la comunidad, ésta se ha visto fuertemente reprimida, por lo cual han sido procesados y detenidos vados comuneros, entre ellos dos hijos del lonko de la comunidad, quienes permanecieron alrededor de un año privados de libertad. De estos procesos se encuentra pendiente una resolución.
9. Comunidad Coliwinka Tori, comuna de Collipulli.
En conjunto con las comunidades Catrío Ñancul, Antonio Paillacoy y Choiñ Lafkenche esta comunidad revindica el Fundo Rucañanco y Fundo Araucanla, actualmente de propiedad de Forestal Mininco S. A. El Fundo Rucañanco comprende un promedio de 3.000 a 4.000 hectáreas de tierra, de las cuales 1.600 son reivindicadas por las comunidades en su conjunto; del Fundo Araucanía, reivindican un promedio de 700 hectáreas. Forestal Mininco S. A. ha aumentado la dotación de guardias privados, y ha incorporado una serie de mecanismos de seguridad tendientes al resguardo de ambos fundos.
En 1999 la CONADI adquirió tierras en la comuna de Angol, por lo cual fueron trasladados algunos integrantes de la comunidad, lo que conllevó una serie de problemas al interior de las familias, ya que en su mayoría no eran partidarios del traslado, optando por mantenerse en su comunidad y seguir su demanda por la restitución de tierras usurpadas.
10. Comunidad Antonio Paillacoy, comuna de Collipulli:
En conjunto con las comunidades Catrío Nancul, Coliwinka Tori y Choiñ Lafkenche, la comunidad reivindica el Fundo Rucañanco y Fundo Araucanía, actualmente en manos de Forestal Mininco S. A. El Fundo Rucañanco comprende un promedio de 3.000 a 4.000 hectáreas de tierra, de las cuales 1.600 son reivindicadas por las comunidades en su conjunto; del Fundo Araucanía, reivindican un promedio de 700 hectáreas. Forestal Mininco S. A. ha aumentado la dotación de guardias privados, y ha incorporado una serie de mecanismos de seguridad tendientes al resguardo de ambos fundos.
Junto a otros mapuche de la zona, el año pasado fue detenido y procesado el lonko de esta comunidad, Ariel Tori, quien permaneció alrededor de seis meses privado de libertad. De estos procesos se espera prontamente una resolución.
11. Comunidad José Millacheo Levío, sector Chequenco, comuna de Ercilla:
Mantienen una demanda territorial por un total aproximado de 1.200 hectáreas, que corresponden a tierras que ancestralmente pertenecieron a la comunidad. Por ello, reivindican el Fundo Chiguaihue de 560 hectáreas de tierra; una parte del fundo actualmente está en manos de un particular (Magdalena Silva Correa) y corresponde a 500 hectáreas, más 60 hectáreas con plantación de pino, de Forestal Mininco S. A. Además reivindican 600 hectáreas de tierra hoy en manos de Forestal Bosques Arauco S.A., que se encuentra plantado.
En noviembre del 2000, la comunidad declaró el conflicto, haciendo ocupación de una parte del Fundo Chiguaihue, desarrollando un proceso de recuperación productiva, con permanentes actividades al interior del predio, obligando a su "dueña" a abandonar éste junto a sus trabajadores.
Por disposición de los tribunales, se han llevado a cabo dos intentos de desalojo, los que han sido resistido por la comunidad. Por otra parte, organismos de gobierno como CONADI e Intendencia, en la línea de la intervención, han desarrollado algunas acciones tendientes a dividir y desmovilizar a la comunidad; sin embargo, la firme decisión de un grupo mayoritario de ésta, ha permitido que la comunidad siga su proceso de recuperación productiva y mantenga su demanda por la restitución de las tierras usurpadas.
El 11 de mayo del presente año, en un impresionante operativo de la Policía de Investigaciones, fueron detenidos once comuneros -entre ellos, Juan Millacheo, lonko de la comunidad-, acusados como presuntos autores de delitos de secuestro, asociación ilícita, usurpación de predio, robos, daños y porte y tenencia ilegal de armas. Posteriormente, todos fueron dejados en libertad, resolución que a fines de mayo fue cambiada, planteando la detención preventiva para seis de ellos, lo que hasta la fecha no se ha concretado.
12. Comunidad Trikauko, comuna de Ercilla:
Reivindican el Fundo Pidenco de 540 hectáreas de tierra, actualmente de propiedad de Forestal Mininco S. A. plantado con árboles de más de 20 años (50% de pino radiata y 50% de eucaliptos). Además reivindican otro predio de 100 hectáreas que mantenía un particular y que luego vendió a Forestal Mininco S. A., la cual intentó plantar, actividad que fue impedida por la comunidad.
Durante el proceso de Reforma Agraria se les devolvieron 1.500 hectáreas de tierras, que incluía el Fundo Pidenco y otro predio de 400 hectáreas.
Luego de un proceso de discusión al interior de la comunidad, se tomó la decisión de desarrollar las movilizaciones necesarias para la recuperación de las tierras usurpadas.

OTRAS COMUNIDADES MAPUCHE DE MALLECO QUE REIVINDICAN TIERRAS
Comunidad Rauko, comuna Collipulli:Pretende incorporarse a la lucha sostenida por las otras comunidades del sector por el Fundo Rucañanco y Fundo Araucanía. El Fundo Rucañanco comprende un promedio de 3.000 a 4.000 hectáreas de tierra, de las cuales 1.600 son reivindicadas por las comunidades en su conjunto.
Comunidad Lonko Mawida, comuna de Ercilla:Reivindica un promedio de 200 hectáreas actualmente de propiedad de un particular, más 300 hectáreas -aproximadamente- de Forestal Mininco S. A.
Comunidad Requiem Pillan, comuna de Ercilla:Junto a las comunidades Requiem Lemun y Loloco reivindican tierras hoy ocupadas por la empresa Forestal Bosques Arauco S. A., la cual explotó todos sus bosques dejando absolutamente sin recursos a las comunidades. La CONADI adquirió, a principios de año, una parte de las tierras reivindicadas por esta comunidad que hasta ese momento estaban en manos de la empresa forestal.
Comunidad Requiem Lemun, comuna de Ercilla:Junto a las comunidades Requiem Pillan y Loloco reivindican tierras hoy ocupadas por la empresa Forestal Bosques Arauco S. A., la cual explotó todos sus bosques dejando absolutamente sin recursos a las comunidades.
Comunidad de Loloco, comuna de Ercilla:Junto a las comunidades Requiem Lemun y Requiem Pillan reivindican tierras hoy ocupadas por la empresa Forestal Bosques Arauco S. A., la cual explotó todos sus bosques dejando absolutamente sin recursos a las comunidades.

IV. ALGUNOS ANTECEDENTES DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE EN CONFLICTO DE LA PROVINCIA DE CAUTIN:

1. Comunidad de Nalcahue, comuna de Temuco:
Reivindica 400 hectáreas de tierras que actualmente están en manos de la empresa forestal Bosques Arauco S. A., quien a principios de año terminó la explotación total de eucaliptus, luego de que se desarrollaran una serie de acciones tendientes a detener este trabajo.
Junto a las comunidades de Conoco chico, Ñienoco y Llapaleo, esta comunidad declaró el conflicto y realizó algunos trabajos productivos dentro del predio. Ante este hecho y la proximidad de la explotación, la empresa forestal solicitó resguardo policial que se concretó con la instalación de un campamento policial dentro del fundo, con lo que se reforzaron las acciones represivas en contra de la comuneros, sumado al trabajo de guardias privados; todo lo cual fue rechazado por la comunidad.
Posteriormente, se desarrollaron algunas conversaciones con organismos gubernamentales, que se acercaron apresuradamente para contener las movilizaciones, que se constituían en las primeras en esta línea en la provincia de Cautín. Hasta la fecha, la empresa no ha desarrollado otros trabajos y la comunidad mantiene su disposición de seguir el proceso de recuperación de tierras, realizando -actualmente- algunos trabajos productivos al interior del predio.
2. Comunidad de Yeupeko, comuna de Padre las Casas:
Reivindican el Fundo Santa Margarita, predio agrícola de 275 hectáreas, ubicado en el sector Etinento cerca de Vilcún, actualmente de propiedad de Jorge Luschinger Villigier. Si bien este predio actualmente sólo es reclamado por diez familias, sostienen una demanda global de 7.000 hectáreas de tierra, de las cuales 5.000 hás. están en manos de la empresa Forestal Mininco S. A., con plantaciones de pino y eucaliptus.
La comunidad declaró el conflicto y ha hecho ocupación del Fundo Santa Margarita en dos oportunidades durante este año (enero y mayo), producto de lo cual han resultado algunas personas detenidas; sin embargo, se mantienen dispuestos a continuar el proceso de recuperación de tierras usurpadas.

OTRAS COMUNIDADES MAPUCHE QUE REIVINDICAN TIERRAS
Comunidad Lilicura, comuna de Carahue:Reivindican un predio de Forestal Mininco S. A., que comprenden dos hijuelas aproximadamente. Un particular vendió tierras a esta Forestal que eran parte de la comunidad. La comunidad se ha resistido a este hecho y por ello ha impedido la forestación del predio.
Comunidad José Loncolí, sector Coi Coi, comuna Carahue.Durante la Reforma Agraria se les restituyeron 364 hectáreas de tierra. Reivindican 150 hectáreas de tierras -de un total de 400-, de propiedad del recientemente fallecido Domingo Durán, quien arrendó estas tierras a Forestal Bosques Arauco S. A. para la plantación de pinos y eucaliptus. La comunidad, como muchas otras, se encuentra rodeada de bosques con plantaciones realizadas por distintas empresas forestales.
La comunidad se encuentra en un proceso de discusión tendiente a declarar conflicto.
Comunidad Juan Catricura, sector El Arrayán, comuna de Carahue.Reivindican tierras que actualmente son de propiedad del recientemente fallecido Domingo Durán, quien arrendó éstas a Forestal Bosques Arauco S. A. para la plantación de pinos; este predio también tiene algunos sectores plantados con eucaliptus. A su vez, reclaman 30 hectáreas de tierras ubicadas al interior de la comunidad que habrían sido adquiridas por Forestal Mininco S. A. para ser plantadas, acción que fue impedida por algunas familias de la comunidad, las que hasta la fecha han mantenido controlada esa zona y desarrollan trabajos agrícolas en estas tierras.
La comunidad se encuentra en un proceso de discusión tendiente a declarar conflicto, en coordinación con la comunidad de Coi Coi.
Comunidad Agustín Chihuaicura, sector Kullinco, comuna de Nueva Imperial.Reclaman un predio de 239 hectáreas de tierra, actualmente plantado con eucaliptus, y que está en manos de un particular. Asimismo, reivindican un predio de 5.000 hás. actualmente de propiedad de Forestal Mininco S. A., junto a otras comunidades como Malalche Rincón, Deuco, Huamake, entre otras. Esta comunidad no ha realizado ninguna demanda legal para la restitución de sus tierras.

Es necesario destacar que actualmente existen otras comunidades que han desarrollado movilizaciones significativas en el marco del proceso de recuperaciones productivas y el control territorial, estando algunas de ellas, vinculadas a otras organizaciones. Este es el caso de las comunidades de Panguipulli que han levantado el planteamiento de la identidad territorial y la demanda de un espacio territorial, reconociendo así la estructura tradicional de organización; la comunidad Domingo Trangol, del sector Púa de Victoria, que reclaman tierras usurpadas por Forestal Mininco S. A. y que ha mantenido sus movilizaciones sostenidamente.
Asimismo, comunidades pewenche del cajón del Queuco del Alto Bío Bío (Malla Malla, Trapa Trapa, Pitril, Cauñicú y Butalelbum) han demostrado mayor capacidad organizativa a nivel local y mayor capacidad para visualizar el problema de fondo respecto de la situación de nuestro Pueblo, desarrollando trabajos productivos y acciones de control territorial.
En este marco también podemos mencionar, entre otras, a comunidades mapuche de Purén, Galvarino, Metrenco y Chol Chol.